Carlos IV parecía dispuesto a
continuar con la política de su padre manteniendo a sus ministros, pero el
estallido de la Revolución Francesa (1789) y la ejecución de Luis XVI trastocó
el panorama. Los ministros ilustrados fueron destituidos y comenzó la guerra
contra Francia (1793-95).
El rey dejó el poder en manos de
Manuel Godoy, quien tras firmar la paz con Francia inició una política de
alianza con Napoleón.
La crisis económica y la derrota
frente a la armada inglesa en Trafalgar (1805) alentó a los enemigos de Godoy.
El Motín de Aranjuez (marzo de 1808) provocó su destitución y abrió una crisis
en la monarquía al exigir Fernando (VII) la abdicación de su padre.
Ambas partes solicitan el arbitraje
de Napoleón para solucionar el problema. Napoleón logró que ambos renunciaran a
la Corona en su favor (abdicaciones de Bayona), y elevó al trono a su hermano
José I Bonaparte (Pepe botella).
La presencia de tropas francesas en España (Tratado de
Fontainebleu) facilitaron su coronación e inició una política reformista
(Estatuto de Bayona), pero nunca contó con el apoyo popular.
El 2 de mayo el pueblo de Madrid
se alzó en armas contra los franceses para impedir la marcha de la familia
real, fue el primer episodio de la Guerra de la Independencia (1808-1814). La
superioridad del ejército francés obligó a una nueva forma de guerra: la
guerrilla, que acabó minando la moral del ejército galo.
Durante la guerra se convocaron
en Cádiz unas Cortes Generales que debían dotar a España de una Constitución.
Fue aprobada en 1812 y se conoció popularmente como “la Pepa”. Tenía un marcado
carácter liberal, abolía el Antiguo Régimen, declaración de derechos y aprobaba
el sufragio universal masculino. Reconocía como único rey legítimo a Fernando
VII.
El regreso de Fernando VII supuso
el final de este intento liberal, la represión de los liberales y la vuelta al
absolutismo.
La Constitución de 1812 volvió a
regir España durante el Trienio Liberal (1820-23), tras el pronunciamiento exitoso
de Rafael Riego. La actividad de las partidas absolutistas, la actitud
conspiradora del rey, la división entre los liberales y, finalmente la
intervención de la Santa Alianza (1823), permitió a Fernando VII retomar el
absolutismo hasta su muerte, en 1833. Una época que se conoce como la Década
Ominosa, en la cual la mayoría de las colonias americanas alcanzaron su
independencia.
Los últimos años del reinado de
Fernando VII estuvieron marcados por el nacimiento de su hija Isabel y la
abolición de la Ley Sálica para que pudiera reinar (Pragmática Sanción). Los
grupos absolutistas apoyaban las pretensiones al trono de Carlos María Isidro
(Carlos V). Esta situación desembocó en un conflicto dinástico con enormes
implicaciones políticas, pues María Cristina (madre de Isabel) buscó el apoyo
de liberales moderados para asegurar su reinado. Las Guerras Carlistas fueron
un conjunto de tres guerras civiles que marcaron el siglo XIX en España.
El despotismo ilustrado intentó conciliar el absolutismo
monárquico con el espíritu reformador de la Ilustración. El despotismo
ilustrado fue la teoría política dominante en Europa durante el siglo XVIII y
se basaba en tres principios fundamentales. En primer lugar, supuso una
reafirmación del poder absoluto de la Monarquía, por lo que no significó
ninguna ruptura con la tradición política absolutista anterior. En segundo
lugar, se planteó el ideal del “rey filósofo”. El monarca, amante de las artes
y las ciencias, era asistido por las minorías ilustradas, sabía lo que convenía
a los súbditos, y estaba en condiciones de impulsar reformas racionales
necesarias para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar y otorgar la
felicidad al pueblo. Y, precisamente el tercer rasgo se refiere al pueblo, que
es considerado como objeto, nunca como sujeto de su propia historia, según la
archiconocida expresión: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”.
El representante español más genuino de esta nueva versión
del absolutismo monárquico fue Carlos III. Se rodeó de una activa minoría
ilustrada de gobernantes, entre los que destacarían Campomanes, Aranda y
Floridablanca. Su reinado se caracterizó por la preocupación por mejorar la
economía y el bienestar de los súbditos, por reformar la organización y por la
racionalización del Estado bajo la premisa de la centralización administrativa
y la profesionalización de sus servidores: funcionarios y militares.
Carlos III accedió al trono español a la muerte de su
hermanastro Fernando VI, que no dejó descendencia. Carlos tuvo que renunciar al
trono de las Dos Sicilias. En los primeros años de su reinado se apoyó en
ministros italianos, como Grimaldi y, especialmente, el marqués de Esquilache,
que le habían servido en Nápoles. Estos ministros eran defensores de profundas
reformas: libertad económica, desamortización eclesiástica, etc… Este modelo
radical ilustrado concitó diversas oposiciones que terminaron por estallar en
1766 con el motín de Esquilache en Madrid y otros motines en el resto de la
Monarquía. El motín de Esquilache es un fenómeno complejo por la diversidad de
sus causas. Por un lado, había un claro malestar popular por la carestía del
pan, causado por las malas cosechas de 1765 y por la aplicación de la política
liberalizadora de los precios. Pero, por otro lado, se había generado una
corriente de opinión contraria a la presencia de extranjeros en el poder,
alentada por la oposición de los privilegiados a las medidas reformistas.
El detonante del motín fue la promulgación de un decreto que
prohibía el uso de vestimentas masculinas tradicionales: sombreros de ala ancha
y capas largas. Estalló una violenta revuelta que significó el cese de
Esquilache y la paralización del modelo avanzado de reformismo.
A partir del motín de Esquilache se inauguró la segunda etapa
del reinado de Carlos III bajo un modelo de reformismo ilustrado más moderado.
Sus protagonistas fueron: Campomanes, el conde de Aranda y el conde de
Floridablanca, junto con otros ilustrados con menos poder pero de gran
importancia: Pablo de Olavide, Francisco Cabarrús y Jovellanos, sin lugar a
dudas, el ilustrado español más brillante.
Las reformas que se emprendieron abarcaron todas las áreas.
En relación con la Iglesia, el despotismo ilustrado deseaba reducir su poder.
El regalismo, siempre presente en la historia española, se acentuó con Carlos
III. Se terminó por expulsar a los jesuitas, la todopoderosa Compañía, tan
vinculada al Papado y contraria a muchas de las reformas. También se intentó
limitar el poder de la Inquisición. Otro signo de esta política fue la reforma
de aspectos visibles de la religiosidad popular. Por último, estaría el intento
de aumentar la formación de los eclesiásticos, ya que se pretendía que fueran
transmisores de ciertas reformas entre el pueblo, dada la influencia de la
Iglesia y su extensa organización que se extendía por todo el territorio.
En lo económico se adoptaron muchas medidas. Algunas
pretendían aumentar la recaudación fiscal: creación de la Lotería Nacional o
del Banco Nacional de San Carlos. Otras disposiciones iban encaminadas a
mejorar las actividades productivas tendiendo a tener más influencia, con el
tiempo, las ideas del liberalismo económico que las anteriores del
mercantilismo de los primeros Borbones: libre circulación de cereales y vinos
(1766) o la liberalización comercial con América (1778).
La constatación de que la principal actividad económica era
la agricultura y de que muchos de sus problemas derivaban de la estructura de
la propiedad de la tierra, llevó a la necesidad de emprender una reforma
agraria. Para ello, se hicieron algunas propuestas pero la ley nunca se
promulgó. De esos intentos ha quedado una documentación harto interesante para
conocer la realidad agrícola española, junto con el fundamental Informe sobre
la Ley Agraria de Jovellanos, aunque elaborado en el siguiente reinado. A pesar
de este fracaso, se promovió el desarrollo agrícola: limitación de privilegios
de la Mesta, colonización de zonas despobladas, fundación de las Nuevas
Poblaciones en Sierra Morena y la desamortización de algunos bienes comunales.
Se estableció el servicio militar obligatorio con un sistema
de quintas; se reorganizó la estructura del ejército, creándose distintas
armas: infantería, artillería, ingenieros; y se promulgaron unas ordenanzas
(1768) que perduraron hasta el siglo XX.
El despotismo ilustrado dio un paso muy importante en
relación a la dignificación del trabajo con una real cédula de 1783 que
declaraba que los oficios no eran deshonrosos, fomentando un cambio de
mentalidad en España. También, intentó el control de los grupos marginados, como
los vagabundos y los gitanos, desde una perspectiva utilitarista pero muy poco
respetuosa con la realidad de los segundos. En este terreno social fue
importante la labor del despotismo ilustrado a favor de la educación, las
instituciones culturales y científicas. Fue la época dorada de las Sociedades
Económicas de Amigos del País.
Las reformas en el plano institucional se centraron en los
municipios con el fin de controlar a las oligarquías locales. Para lograr este
objetivo se introdujeron en los gobiernos municipales cargos elegidos por la
población –síndicos y diputados del común-, aunque fue una medida contestada
por los privilegiados.
A pesar de la amplitud del programa reformista y de las
indudables mejoras que se introdujeron en muchos ámbitos, el despotismo
ilustrado estuvo muy limitado, ya que cuando esas reformas pretendían cambiar
puntos vitales de la sociedad estamental y de las estructuras económicas que la
sustentaban se paralizaban o se quedaban en lo epidérmico, ya que los
privilegiados se oponían y ni la propia monarquía quería ir hasta las últimas
consecuencias.
En el Antiguo Régimen español el principal sector industrial estaba vinculado al taller artesanal en el marco de los gremios urbanos, caracterizados por su escaso nivel tecnológico y con pocos trabajadores, dentro de unas rígidas reglamentaciones. Pero fueron surgiendo otros sistemas de producción al margen de los gremios. En primer lugar, estaría el conocido como trabajo a domicilio o putting out system, controlado por comerciantes. Consistía en que el comerciante-empresario proporcionaba herramientas y las materias primas a los trabajadores rurales, quienes compaginaban su trabajo campesino con el artesanal. El comerciante recogía lo producido, pagaba lo estipulado y vendía la producción. Este sistema pretendía soslayar las restricciones gremiales. Campomanes era un decidido defensor de este sistema. Otro tipo de producción estaba constituido por la industria doméstica o domestic system. Se daba también en el campo pero aquí no existía la figura del comerciante-empresario. Eran pequeños talleres donde la unidad familiar era la dueña de los medios de producción y vivía del trabajo industrial y no de la explotación agropecuaria. Ejemplos de este tipo de industria los tenemos en las ferrerías vascas, las sederías valencianas y en el inicio de la industria textil catalana antes de la creación de las fábricas de algodón.
Los Borbones comenzaron por aplicar una política económica mercantilista que rompía con las inercias pasadas y la falta de fomento industrial de la época de los Austrias. El objetivo era conseguir un mayor grado de autoabastecimiento de productos, a través de los dos instrumentos típicos del mercantilismo, especialmente en su versión francesa (colbertismo): protección arancelaria y fomento de las manufacturas propias.
Las medidas proteccionistas con establecimiento de aranceles pretendían proteger la producción nacional de la competencia exterior y evitar, además, la salida de capitales. Felipe V dio dos reales cédulas en este sentido en 1717 y 1728. Carlos III, por su parte, promulgó una Pragmática en 1771 prohibiendo la importación de tejidos de algodón.
El Estado borbónico fomentó la creación de manufacturas reales, conocidas en España como Reales Fábricas. Se trataba de grandes talleres con más mano de obra que en los talleres gremiales y con algo más de tecnología dedicadas a la producción de bienes de lujo, por lo que la Casa Real, la Iglesia, la nobleza y la alta burguesía eran sus principales clientes. Destacaron la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, la de Santa Bárbara de Telares o la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso. También se crearon otras manufacturas para procurar suministros militares al ejército, como la Real Fábrica de Artillería de la Cavada. La política de reconstrucción de la marina española tuvo su dimensión económica, ya que se fomentaron los astilleros de Cádiz, Cartagena y Ferrol. La producción de barcos adquirió un gran desarrollo permitiendo que España contase con la tercera flota más importante después de la inglesa y la francesa.
Las manufacturas reales supusieron la mayor apuesta a favor de la producción industrial de todo el Antiguo Régimen pero no fueron muy rentables, precisamente porque tenían una demanda muy limitada. No eran industrias que pudieran desarrollar un proceso de revolución industrial.
La política mercantilista cambió en el reinado de Carlos III hacia un mayor liberalismo económico, ya que se pretendió estimular más la iniciativa privada. Para ello se generó un verdadero debate en el seno del poder, con el concurso de las Sociedades Económicas de Amigos del País, sobre los gremios. La Ilustración española era contraria a los gremios porque consideraba que coartaban la libertad, la innovación y la competencia, y buscó su reforma procurando restarles poder. Otra de las grandes novedades del reinado fue la Real Cédula de 1783 que suprimía la deshonra legal de los oficios, intentando terminar por vía legal con una mentalidad contraria al trabajo manual muy arraigada en España.
Por otra parte algunas reformas del periodo caminaron hacia la unificación del mercado interior eliminando aduanas internas así como una mejor vertebración del territorio fomentando la construcción, reparación y mantenimiento de una red de carreteras (Caminos reales) de modelo radial y con centro en Madrid que facilitaran las comunicaciones y el comercio. Además de esta red de carreteras se mejoraron los puertos y las ciudades portuarias y se proyectó la construcción de canales de transporte (como el Canal de Castilla o el Canal Imperial de Aragón) que abarataran los precios del transporte y lo hicieran más rápido.
Cataluña comenzó en el siglo XVIII un proceso particular de industrialización, que culminaría en el siglo siguiente. Fue el único lugar donde se estableció una relación positiva entre la agricultura y la industria. El desarrollo de la vid y de la producción y comercialización de aguardiente se vio acompañado de un impulso de la industria rural dedicada a la lana. Estos fenómenos permitieron la acumulación de capital para poder comenzar un proceso de industrialización. Fueron apareciendo las primeras fábricas algodoneras en Cataluña dedicadas a la fabricación de indianas. El algodón provenía de América y allí se vendía gran parte de la producción textil y la otra en el resto de España gracias a la prohibición de importar tejidos de algodón establecida por Carlos III. El problema llegó cuando se perdieron las colonias americanas. Los empresarios catalanes presionaron para que se estableciera una fuerte política proteccionista y así reservarse definitivamente el mercado español. Lo consiguieron porque sus intereses coincidían con los de la oligarquía cerealista castellana y andaluza; por eso, el XIX fue un siglo proteccionista.
La actividad económica se divide en tres sectores: primario,
secundario y terciario. El sector primario es el encargado de obtener materias
primas directamente de la naturaleza, incluyendo la agricultura, la ganadería,
la pesca y la explotación forestal.
Hasta el S. XIX, en todos los países predominaba el sector
primario y la mayoría de la población se dedicaba a obtener alimentos y otros
bienes de primera necesidad. El proceso de industrialización hizo que el sector
primario se fuera reduciendo en beneficio del secundario (industria) a la que
vez que se producía el éxodo rural (emigración del campo a la ciudad). En las
últimas décadas, en las sociedades más avanzadas el sector primario sigue disminuyendo pero
también disminuye el secundario a favor del sector servicios (terciarización). En
España, el proceso de industrialización es más tardío que en otros países de
Europa Occidental, por lo que a comienzos del S. XX, existía una economía
agraria predominante con un 70% de población activa en el sector primario. En
la década de los 60 (desarrollismo franquista) se aceleró la industrialización
y el éxodo rural. En 1970, el sector secundario (37%) y el terciario (34%)
superan al primario (29%). A partir de la crisis industrial de 1975 y, sobre
todo desde la entrada de España en la UE, se ha producido una terciarización de
la economía. El sector primario ha seguido perdiendo importancia y en la
actualidad sólo emplea a cerca del 4% de la población activa y genera el poco
más del 2% del PIB.
Tradicionalmente las actividades del sector primario se han
desarrollo en el espacio rural, que es el territorio no urbanizado, pero desde
la década de 1970 se ha diversificado al introducirse en él otras actividades
como las residenciales, la industriales, los servicios, las recreativas y los
espacios protegidos. Por tanto, el espacio rural tiene una problemática más
compleja.
El sector primario, a pesar de su pérdida de importancia en
la economía española y en la de otros países desarrollados, es un sector
estratégico porque cumple una serie de objetivos:
- Asegura el autoabastecimiento de alimentos y materias
primas para la industria agroalimentaria y otras, lo que permite reducir las
importaciones.
- Evita el despoblamiento total de las áreas rurales y el
deterioro medioambiental (limpieza de los bosques, prevención de incendios,
etc.).
- Mantiene un patrimonio cultural: productos de calidad y
paisajes rurales tradicionales.
- Contribuye a un mejor equilibrio territorial evitando la
concentración de la población en escasas zonas.
Por estos motivos, la UE ha creado la PAC (Política Agraria
Comunitaria) con el fin de evitar la desaparición de este sector.
Aquí tenéis los apuntes del nuevo tema, el sector primario.
Como alternativa al examen sobre este tema os propongo el comentario de dos paisajes naturales que me tendréis que entregar el próximo jueves junto con el mapa de los ríos.
Aquí os dejo el esquema sobre el comentario que encontré por Internet y que vimos en clase
Si durante la Edad Media el
sistema político que había predominado fue la monarquía feudal en el que el rey
compartía su poder con otras instituciones (estamentos privilegiados, las
ciudades, las cortes…) ya durante la Baja Edad Media vemos como el rey inicia
un camino para recuperar el poder absoluto, provocando el descontento de la
nobleza y numerosas revueltas nobiliarias (pero eso ya lo hemos visto en temas
anteriores). Este reforzamiento del poder real es ya notorio con la llegada de
los Reyes Católicos, donde ya la monarquía feudal se ha transformado en una monarquía
autoritaria donde el rey ya ostenta casi todo el poder pero debe mantener los
privilegios de ciertos grupos, no sólo privilegiados, como la alta nobleza y la
Iglesia, sino también de una burguesía enriquecida que comienza a introducirse
en los consejos reales y de la que saldrán gran parte del funcionariado letrado
e instruido en las universidades, además debemos recordar la particularidad de
la unión de los reinos españoles que conllevó la existencia de diferentes
reinos con diferentes instituciones y leyes bajo una misma monarquía, así
podemos ver como en Castilla se afianza este autoritarismo mientras que en
Aragón podemos hablar de una monarquía pactista que debe gobernar junto con las
cortes y atendiendo a sus propios fueros.
Tras los Reyes Católicos, y casi
de rebote, se instala en España la dinastía de los Habsburgo o los Austrias de
la mano del rey Carlos V (nieto de los reyes Católicos). En esta época, ante
todo estaba la figura del rey, junto a ellos estaba el consilium que era gente
que le aconsejaba, esto se traduce en la existencia de un sistema polisinodial basado
en los Consejos u órganos colegiados (constituidos por un grupo de personas), que
podían ser temáticos (Hacienda, Inquisición…) o territoriales (Castilla,
Aragón, Indias…)de los más de diez que había eran 5 los más importantes y poco
a poco el de Castilla se fue imponiendo al resto y pasó a denominarse Consejo
Real. La polisinodia hispánica era la
forma de funcionamiento de la monarquía hispánica, la cual se basaba en una
serie de consejos territoriales y especializados en los que personas destacadas
aconsejaban al rey para el buen funcionamiento de los reinos. Existían catorce
consejos, trece en Madrid (Aragón, Indias, Castilla, Italia, etc.) y uno fuera,
el de Navarra. Los más importantes eran el consejo de Hacienda y el de
Castilla.
Después del rey estaba el virrey
y también cobró importancia la figura del Secretario General. Hay que recordar
que cada reino tenía autonomía propia.
El sistema de gobierno de los reyes de la casa de Austria en los reinos
hispánicos durante los siglos XVI y XVII se denomina monarquía hispánica.
Por lo tanto la imposición en España de una monarquía absolutista al modo
francés se vio limitada por los privilegios forales de los reinos no castellanos
como Aragón, Navarra, etc. que si se contradecían
se cumpliría el contrafuero.
Desde el reinado de Felipe III
(1598-1621) los reyes cedían parte de sus funciones en validos que tenían poder
de decisión. Ejemplos son el Duque de Lerma valido de Felipe III y el
conde-duque de Olivares valido de Felipe IV.
La Dinastía
de los Borbones llegó a España en el año 1700 y establecieron un sistema de
gobierno heredero del absolutismo francés, de donde provenía la nueva dinastía.
Los borbones iniciaron reformas tendentes a la unificación y uniformación de
los reinos españoles (que quedará plasmado en leyes como los Decretos de Nueva
Planta) así como a una modernización y racionalización del Estado
Las reformas en la Nueva
España se encaminaron a centralizar el poder político con el
objetivo de realizar un bloque de poder a los grupos dominantes que ocupaban
puestos en la estructura de gobierno (virrey, caciques, locales y regionales);
debilitar y controlar a las corporaciones más poderosas del momento (Iglesia y
Consulado de Comerciantes); cambiar la política económica con la finalidad de
incrementar los ingresos hacia la metrópoli y modernizar el pensamiento y la
cultura en general.
Entre las reformas político
administrativas más importantes esta la restauración del ejército (1756) que
promovió su profesionalización; la creación de doce intendencias (1786), las
cuales estarían sujetas a tres Comandancias Generales que, a su vez, estaban
bajo la jurisdicción de una Superintendencia General. Entre las labores de los
intendentes estuvieron la de fomentar la industria, la agricultura local, hacer
estadísticas y construir obras públicas.
La dinastía de los Borbones se identificó con el pensamiento filosófico
ilustrado y el absolutismo monárquico: esta combinación, llamada despotismo
ilustrado, fue el concepto político dominante durante el siglo XVIII en Europa.
Por un lado, la Ilustración fue
un movimiento intelectual representado por destacados pensadores europeos de la
época, como David Hume, John Locke, Montesquieu y Rousseau, entre otros,
quienes elaboraron nuevas concepciones sobre el ser humano, la sociedad, el
poder y el mundo, inspiradas en la observación de la naturaleza y el uso de la
razón como principal medio de conocimiento y de acción. Este pensamiento se
oponía a los dogmas y creencias religiosas, y defendía la idea del progreso
como la más alta inspiración humana. La unión de este ideal con el absolutismo,
teoría según la cual el poder de los reyes viene directamente de Dios, y por lo
tanto, estos no tienen que responder por sus actos frente a sus súbditos, dio
como resultado monarcas que impulsaron grandes obras y reformas en busca del
desarrollo económico. Para ello se basaron principalmente en su poder y
autoridad en desmedro de las deliberaciones de sus súbditos. Las nuevas
monarquías utilizaron sus herramientas de poder para incrementar el bienestar
de sus súbditos, situación que en realidad no sucedió, en medio de un régimen
político carente de libertades; este procedimiento se resume en la frase
"todo para el pueblo, pero sin el pueblo".
Para España, el cambio dinástico
significó una nueva orientación del poder monárquico. Los Borbones buscaron
modernizar el Imperio español con el objetivo de competir con sus principales
rivales europeos: Gran Bretaña y los Países Bajos. El lento sistema de los
consejos fue reemplazado por las secretarías (antecedente de los ministerios), compuestas por funcionarios de
confianza nombrados por el rey y que ejecutaron sus órdenes en ciertas
materias, como marina, guerra, hacienda y justicia. Las principales reformas se
realizaron durante el reinado de Carlos III (1759-1788), quien con la
colaboración de los nobles ilustrados españoles, modificó el sistema comercial
de las colonias, creó nuevas autoridades en América, reorganizó el sistema de
impuestos, reformó la agricultura y protegió la industria española.
